Esta interpretación no es caprichosa. Responde a la necesidad de trasponer la Directiva (UE) 2019/1158, cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional.
La justicia busca garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres, fomentando la corresponsabilidad. Si el permiso no fuera pagado, se desincentivaría su uso, perjudicando la protección de los cuidados familiares urgentes.